La Asamblea Legislativa aprobó, con 65 votos, una nueva ley que otorga a los municipios las herramientas necesarias para ordenarse administrativamente, en un plazo de dos años. La normativa no impide, a los ahora distritos, suspender los servicios y proyectos en favor de la población.
El objetivo de los diputados es que los gobiernos municipales, que asumirán el 1° de Mayo, tengan un proceso fluido, transparente y ordenado en los cambios administrativos que requiere la fusión de los distritos.
La Ley Especial de Transición para la Reestructuración Municipal, aprobada en la sesión plenaria 153 faculta la intervención del Ministerio de Hacienda para auditar el proceso de transición y obliga a trabajar por la certificación antisoborno.
Con la nueva ley los municipios podrán establecer sus propios presupuestos y esto les permitirá priorizar las áreas claves de inversión, para impactar con proyectos en favor de sus comunidades. Estos procesos serán acompañados por la Dirección Nacional de Compras (DINAC).
La normativa es de carácter transitorio y estará vigente por un periodo máximo de dos años.
El diputado José Urbina resaltó que la ley es una herramienta necesaria para la transición de los gobiernos municipales, y que si bien se establece un período de dos años el ordenamiento se puede lograr antes de ese tiempo.
“Nadie puede poner excusas y suspender los servicios públicos municipales en los nuevos municipios mientras estén en el proceso de transición, y se les está dando un tiempo prudente para que tengan al día la contabilidad municipal, tampoco puede haber excusas para no hacer proyectos para el pueblo y la gente en este proceso”, aseguró el legislador.
Además, Urbina aseguró que será el Ministerio de Hacienda quien acompañará el proceso y podrá requerir de los funcionarios que terminan su período y de los que toman posesión para tener al día la información contable de dicha comuna.
La diputada Marcela Pineda enfatizó en la responsabilidad que tendrán los alcaldes electos para realizar esta transición de manera efectiva.
“Esta nueva conformación municipal busca optimizar los recursos y favorecer a la población. Los alcaldes electos tienen la responsabilidad de hacer esta transición en un plazo de dos años, de no ser así, deberán asumir las consecuencias por no respetar lo que manda la ley”, afirmó Pineda.
Los que no cumplan con el período puede ser sancionados e inclusos suspendidos por un plazo de diez años para no optar a cargos públicos.
Por su parte, el diputado Jorge Castro manifestó que esta ley garantizará llegar al objetivo con el que se aprobó la reducción de municipios, es decir, lograr que las municipalidades trabajen en favor del pueblo salvadoreño.
“La ley especial viene a darnos a los alcaldes electos herramientas vitales para hacer una calendarización lógica en la distribución en las diferentes actividades”, sostuvo Castro.
Los diputados concluyeron que dicha iniciativa permitirá que en dos años se ordenen los procesos y figuras administrativas, que garantizaran la continuidad de los servicios y la fluidez de su transición.
Al contar con la nueva ley se reducirá el riesgo de que se comentan actos de corrupción y que haya despilfarro de los recursos públicos. Se generarán las condiciones para hacer autosostenibles a las comunas y se evitará el endeudamiento desmesurado y desproporcionado que ha habido históricamente.