El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, giró este lunes una orden al Ministerio de Seguridad Pública para iniciar una operación policial especial para proteger la zona de Las Crucitas.
El Gobierno de Costa Rica anunció este lunes que triunfó en un laudo interpuesto por la minera canadiense Infinito Gold, que reclamaba 394,8 millones de dólares por la cancelación de un proyecto de minería de oro a cielo abierto debido a irregularidades y daños ambientales.
“El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) le notificó la buena noticia al Ministerio de Comercio Exterior el día de hoy. El Tribunal arbitral concluyó que era improcedente adjudicar daños a favor de la empresa Infinito Gold”, indicó el Gobierno de Costa Rica en un comunicado.
El tribunal arbitral internacional rechazó en junio de 2021 la demanda contra Costa Rica, pero la empresa presentó una apelación, la cual fue resuelta este lunes.
El laudo arbitral determinó en 2021 que Costa Rica nunca le denegó justicia y derecho de defensa al inversionista, que el país tenía su derecho de establecer sus políticas ambientales y que la empresa no logró demostrar el daño que alegaba.
La demanda fue interpuesta por la empresa en 2014 ante el CIADI, ente adscrito al Banco Mundial, y fue planteada con base en el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
El caso se remonta a 2010 cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Costa Rica declaró como nulas las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Energía y de la Secretaría Técnica Ambiental con las que se otorgó la viabilidad ambiental y la concesión minera, así como aprobaciones para modificar el proyecto y el uso del suelo.
La empresa comenzó a construir la mina Las Crucitas, en la zona norte de Costa Rica, pero nunca terminó ni pudo explotar oro debido al retiro de la concesión por aparentes irregularidades en la tramitación de permisos y daños ambientales.
La Fiscalía costarricense abrió procesos judiciales contra el expresidente Óscar Arias y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles, por el supuesto delito al otorgar una declaratoria de interés y conveniencia nacional el proyecto minero en 2008.
El expresidente Arias fue sobreseído por este caso en 2019 y Dobles fue absuelto en 2023 tras ganar una apelación contra una sentencia que había recibido de 3 años de prisión.
Tras la cancelación del proyecto, la zona fue invadida por mineros artesanales de forma ilegal, quienes han provocado severos daños ambientales.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, giró este lunes una orden al Ministerio de Seguridad Pública para iniciar una operación policial especial para proteger la zona de Las Crucitas.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) se encuentra “preparando las acciones legales necesarias para proteger el oro de Crucitas y aprovecharlo responsablemente para el beneficio general del país”, indicó el Gobierno, sin precisar cuáles son esas acciones.
Desde 2010 rige en Costa Rica una moratoria por tiempo indefinido a la minería metálica a cielo abierto.
Con información de EFE.